Mario Polanco de AJKEM / Tejedores
A partir de 2005 algunos valientes jueces se atrevieron a dictar órdenes de captura.
Durante décadas la justicia estuvo reservada a unos cuantos, los jueces se acostumbraron a la aplicación de la ley para favorecer a grupos de poder, era impensable que las miles de familias que estaban sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado pudieran acudir ante las autoridades contra quien estaba violando sus derechos y pareciera que la población se acostumbró a esto.
Incluso personas que no pertenecen a esos sectores de poder, introyectaron en su forma de pensar y actuar, que para quienes había sido vedado el acceso a la justicia durante años, debieran continuar en esas circunstancias, marginados de la justicia.
Sin embargo transcurridos muchos años, cuando aquellos jueces que actuaban al servicio de quienes provocaban injusticias se fueron jubilando o dejaron sus cargos, asumieron jóvenes profesionales del derecho, sin compromisos con quienes habían violado los derechos humanos y con ánimos de establecer las bases de un real Estado de Derecho en el país.
A partir de 2005 algunos valientes jueces se atrevieron a dictar órdenes de captura contra altos jefes castrenses por desaparición forzada y más recientemente por genocidio. Esto despertó el sentimiento de que no era posible, porque eran los sectores marginados, a los que se les había negado el acceso a la justicia los que estaban acusando a personas poderosas e inmediatamente salieron columnas y comentarios sobre que eso no debiera ocurrir. Que no se podían revolver en el presente cosas que habían ocurrido en el pasado y que era mejor “olvidar”, incluso se utilizó la palabra “perdón”.
Surgieron formas de organización que volvieron a utilizar discursos propios de la época más tenebrosa del país, cuando se cometían los peores actos de terrorismo desde el Estado. La diferencia entre estos grupos y las familias de las víctimas, es que los primeros buscan impunidad, los segundos justicia.Los que están a favor de que no haya justicia acusan a los familiares de las víctimas de estar siendo manipulados por grupos y potencias extranjeras, sin entender que es el amor hacia sus seres queridos lo que los mueve a abrir procesos legales.
Para quienes están atemorizados por el inicio de procesos legales contra quienes aplicaron el terrorismo desde el Estado, deben recordar que hasta el momento en procesos abiertos hace más de tres décadas solo se ha logrado la justicia en siete de miles de casos. No deben olvidar que en Guatemala se cometieron 45 mil desapariciones forzadas y 150 mil ejecuciones extrajudiciales, además de 1,115 masacres en diversos puntos del país.
Debe entenderse, que la única forma de evitar que retornemos al pasado, es aplicando la ley de manera rigurosa.
Link original: http://www.elperiodico.com.gt/es/20130418/opinion/227073/
